martes, 27 de octubre de 2026

Justicia restaurativa en Costa Rica: una nueva perspectiva para resolver conflictos familiares y proteger sus derechos



Por SAP Legal | Abogados de Familia en Costa Rica


Los conflictos familiares pueden afectar mucho más que las relaciones entre las personas. Un divorcio, una disputa sobre responsabilidades parentales o un desacuerdo patrimonial pueden generar consecuencias emocionales, económicas y jurídicas que perduran durante años.


Sin embargo, no todos los conflictos deben resolverse exclusivamente mediante una confrontación judicial.


La justicia restaurativa en Costa Rica propone una perspectiva centrada en el diálogo, la responsabilidad, la reparación del daño y la búsqueda de soluciones constructivas.


En el ámbito del Derecho de Familia, este enfoque adquiere especial importancia cuando existen hijos, relaciones familiares que deben continuar o intereses que requieren protección a largo plazo.


¿Qué es la justicia restaurativa?


La justicia restaurativa es un enfoque que procura atender las consecuencias de un conflicto mediante la participación de las personas involucradas, el reconocimiento de responsabilidades y la búsqueda de medidas para reparar el daño ocasionado.


Sus principios fundamentales incluyen:


  • Diálogo: facilitar una comunicación respetuosa entre las personas involucradas.
  • Responsabilidad: promover el reconocimiento de las consecuencias de las propias decisiones.
  • Reparación: identificar medidas para atender el daño cuando corresponda.
  • Participación: permitir que las personas afectadas expresen sus necesidades y preocupaciones.
  • Prevención: procurar soluciones que disminuyan la posibilidad de nuevos conflictos.


Este modelo no implica renunciar a los derechos legales ni obliga a las personas afectadas a perdonar o alcanzar acuerdos.


Tampoco sustituye automáticamente los procedimientos judiciales.


Justicia restaurativa y Derecho de Familia en Costa Rica


El ordenamiento jurídico costarricense ha incorporado mecanismos que permiten abordar determinados conflictos familiares desde una perspectiva restaurativa.


El Código Procesal de Familia, Ley N.º 9747, vigente desde el 1 de octubre de 2024, contempla mecanismos alternativos de solución de conflictos.


Su artículo 9, reformado mediante la Ley N.º 10558, regula la conciliación familiar y reconoce la posibilidad de utilizar mecanismos propios de justicia restaurativa cuando se cumplan los criterios legales de admisibilidad y viabilidad.


Además, el Poder Judicial ha desarrollado la figura del Círculo Restaurativo Familiar, orientada a facilitar la comunicación, la participación responsable y la búsqueda de acuerdos en conflictos que reúnen las condiciones necesarias.


Es importante distinguir esta modalidad de los procedimientos regulados por la Ley de Justicia Restaurativa N.º 9582, cuyo marco original se concentra principalmente en materias penales y relacionadas.


¿En qué situaciones familiares puede resultar útil?


La utilidad de un enfoque restaurativo depende del tipo de conflicto, los derechos involucrados, las condiciones de seguridad y la posibilidad real de participación voluntaria.


1. Separaciones y divorcios


Durante una separación pueden surgir desacuerdos relacionados con la organización familiar, las responsabilidades económicas y las decisiones que afectarán la vida futura de las personas involucradas.


Cuando existen condiciones apropiadas, el diálogo estructurado puede contribuir a identificar intereses comunes y explorar soluciones que reduzcan controversias innecesarias.


2. Custodia, responsabilidad parental y régimen de visitas


Los desacuerdos relacionados con los hijos requieren especial atención.


El interés superior de las personas menores de edad debe orientar las decisiones que afectan su bienestar, desarrollo y relaciones familiares.


Los mecanismos restaurativos pueden contribuir a mejorar la comunicación y la corresponsabilidad parental, siempre que su utilización resulte jurídicamente admisible y segura.


3. Pensiones alimentarias


Los conflictos sobre obligaciones alimentarias pueden generar tensiones prolongadas.


En determinados casos, los mecanismos consensuales pueden facilitar la comprensión de las obligaciones y la construcción de acuerdos legalmente adecuados.


No obstante, los derechos alimentarios y las garantías de las personas beneficiarias deben respetarse en todo momento.


4. Conflictos patrimoniales familiares


La distribución de bienes, las obligaciones económicas y los desacuerdos sobre el patrimonio pueden incrementar la complejidad de un proceso de separación.


Una estrategia jurídica adecuada debe considerar la titularidad de los bienes, las obligaciones existentes, los derechos de las partes y las consecuencias de cualquier acuerdo.


En asuntos de alto patrimonio, este análisis puede incluir sociedades, inmuebles, inversiones y bienes situados en diferentes jurisdicciones.


El diálogo puede formar parte de la solución, pero no sustituye la valoración jurídica y patrimonial del caso.


¿Cuándo no es recomendable recurrir a mecanismos restaurativos?


La justicia restaurativa no es una solución universal.


Las circunstancias de violencia, intimidación, coerción o desigualdad de poder requieren una valoración particularmente rigurosa.


La legislación costarricense prohíbe la conciliación cuando se constatan relaciones desiguales de poder. La posibilidad de utilizar mecanismos restaurativos exige cumplir criterios específicos de admisibilidad y viabilidad.


La protección de las personas afectadas debe prevalecer sobre cualquier intento de alcanzar un acuerdo.


La búsqueda del diálogo nunca debe convertirse en una obligación de negociar bajo presión o comprometer la seguridad personal.


¿Cuál es la diferencia entre justicia restaurativa, mediación y conciliación?


Aunque estos conceptos pueden compartir herramientas de comunicación y resolución de conflictos, no son equivalentes.


La conciliación procura facilitar acuerdos sobre cuestiones susceptibles de solución consensuada.


La mediación facilita la comunicación y la búsqueda de soluciones con intervención de una tercera persona imparcial.


La justicia restaurativa incorpora, además, una atención particular al daño, las necesidades de quienes resultaron afectados, la responsabilidad y las posibilidades de reparación.


La selección del mecanismo adecuado depende del conflicto y del marco jurídico aplicable.


¿Cómo puede ayudar SAP Legal?


En SAP Legal | Abogados de Familia en Costa Rica, comprendemos que la resolución de un conflicto familiar debe considerar tanto los derechos jurídicos como las consecuencias personales y patrimoniales de las decisiones.


Nuestro enfoque se basa en el análisis individualizado del caso, la confidencialidad y el diseño de estrategias legales adecuadas a los intereses de cada cliente.


La asesoría puede comprender:


  • Evaluación jurídica de conflictos familiares complejos.
  • Análisis de las posibilidades de negociación y acuerdos.
  • Protección de derechos relacionados con custodia, responsabilidades parentales y pensiones alimentarias.
  • Asesoría sobre bienes gananciales y protección patrimonial.
  • Representación judicial cuando las circunstancias requieren litigio.
  • Atención de asuntos familiares internacionales y relaciones jurídicas entre distintas jurisdicciones.


La aplicación de un mecanismo restaurativo formal corresponde a los órganos y profesionales competentes, bajo los requisitos establecidos por la legislación costarricense.


En SAP Legal, la prioridad es identificar una estrategia jurídicamente sólida que proteja sus derechos, su patrimonio y su futuro.


Contamos con profesionales con más de 43 años de experiencia y brindamos atención en español e inglés.


Preguntas frecuentes sobre justicia restaurativa en Costa Rica


¿La justicia restaurativa permite evitar un juicio?


En determinados casos, los mecanismos alternativos pueden facilitar soluciones que reduzcan la necesidad de litigio. Sin embargo, no existe garantía de evitar un proceso judicial, y algunos asuntos requieren necesariamente intervención de la autoridad competente.


¿La justicia restaurativa es obligatoria?


La participación en los mecanismos restaurativos debe respetar las garantías legales, incluida la voluntariedad e información adecuada de las personas participantes.


¿Puede utilizarse cuando existen hijos menores de edad?


Puede valorarse en determinados conflictos familiares relacionados con responsabilidades parentales e interrelación familiar, siempre que se cumplan los requisitos aplicables y se proteja el interés superior de las personas menores de edad.


¿Se puede utilizar en un divorcio de alto patrimonio?


Los desacuerdos patrimoniales pueden admitir mecanismos de negociación o resolución consensuada. La procedencia de un procedimiento restaurativo formal dependerá de las características del caso y de los requisitos legales.


¿Qué sucede si las partes no alcanzan un acuerdo?


La ausencia de un acuerdo no implica necesariamente la pérdida de los derechos de las partes. Según las circunstancias, pueden continuar o iniciarse los procedimientos judiciales correspondientes.


Conclusión: proteger el futuro también forma parte de resolver un conflicto


Los conflictos familiares no siempre terminan cuando se dicta una sentencia.


Las relaciones parentales, las obligaciones económicas y las consecuencias patrimoniales pueden continuar durante muchos años.


Por ello, resulta importante analizar las alternativas jurídicas disponibles y determinar cuáles ofrecen una respuesta adecuada a las circunstancias particulares.


La justicia restaurativa representa una herramienta que, cuando resulta legalmente procedente, puede contribuir a una resolución más participativa y responsable.


Resolver un conflicto también significa tomar decisiones que protejan el futuro.


Solicite una consulta legal confidencial


¿Enfrenta un divorcio, un conflicto sobre sus hijos o una controversia patrimonial familiar?


En SAP Legal analizamos su situación para identificar las alternativas jurídicas disponibles y definir una estrategia de protección de sus intereses.




SAP Legal | Abogados de Familia en Costa Rica


Profesionales con más de 43 años de experiencia.


Atención en español e inglés.


WhatsApp: +506 8814 2383


Sitio web: https://www.sap.cr


Solicite una consulta confidencial.




Referencias jurídicas e institucionales


Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. (2018). Ley de Justicia Restaurativa, Ley N.º 9582. https://justiciarestaurativa.poder-judicial.go.cr


Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. (2019). Código Procesal de Familia, Ley N.º 9747. Sistema Costarricense de Información Jurídica. https://www.pgrweb.go.cr


Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. (2024). Ley N.º 10558, reforma del Código Procesal de Familia y otras disposiciones. La Gaceta N.º 213, 13 de noviembre de 2024.


Poder Judicial de Costa Rica. (2026). Guía metodológica para la aplicación del Círculo Restaurativo Familiar. Escuela Judicial.


Poder Judicial de Costa Rica. (s. f.). Justicia Restaurativa Familiar. https://justiciarestaurativa.poder-judicial.go.cr




Aviso legal: Este artículo contiene información jurídica general y no constituye asesoría legal individualizada. La aplicación de las disposiciones mencionadas depende de la legislación vigente, los hechos específicos y la valoración de las autoridades competentes. Su contenido no garantiza resultados judiciales ni sustituye una consulta con un profesional en Derecho.

miércoles, 21 de octubre de 2026

Custodia compartida en Costa Rica: más que repartir el tiempo

Custodia compartida en Costa Rica: una infancia, dos hogares

Una mochila que cambia de casa. Una tarea que debe entregarse mañana. Un niño que pregunta dónde va a dormir el viernes.

Cuando una pareja se separa, la vida cotidiana de sus hijos también cambia. Por eso, hablar de custodia compartida exige mirar más allá de los días del calendario: significa pensar cómo preservar su seguridad, sus vínculos y su tranquilidad.

La pregunta decisiva es esta: ¿qué organización protege mejor a este niño o adolescente en sus circunstancias concretas?

¿Qué significa la custodia compartida?

En términos generales, se refiere a una organización en la que ambos progenitores participan en el cuidado de sus hijos después de la separación. Sin embargo, es importante distinguir el cuidado cotidiano, el ejercicio de la responsabilidad parental y el régimen de interrelación familiar: son aspectos relacionados, pero no equivalentes.

El artículo 152 del Código de Familia establece como prioridad elegir la custodia y el ejercicio de la responsabilidad parental compartidas, considerando el interés superior de la persona menor de edad. Esto no supone una distribución automática del tiempo al 50 % ni una solución adecuada para todas las familias. La organización concreta debe responder a las necesidades, condiciones de seguridad y circunstancias particulares de los hijos.

Compartir responsabilidades no equivale necesariamente a repartir las noches en partes iguales. La viabilidad de la organización debe examinarse según las necesidades del hijo y la realidad familiar, como también ha señalado el Tribunal de Familia al analizar casos concretos.

El centro de la decisión es su bienestar

El artículo 5 del Código de la Niñez y la Adolescencia exige considerar el interés superior en las decisiones que afectan a las personas menores de edad. Incluye su edad, madurez, condiciones personales y contexto socioeconómico.

Además, el artículo 105 reconoce su participación y el derecho a que se escuche su opinión, tomando en cuenta su madurez emocional. Escuchar a un hijo no debería convertirse en presionarlo para escoger entre sus padres.

Como preparación para una consulta jurídica, conviene ordenar preguntas como estas:

  • ¿Cómo se mantendrán la asistencia escolar y los horarios de descanso?

  • ¿Quién puede atender las necesidades cotidianas y las emergencias?

  • ¿Cuánto tiempo implican los traslados entre viviendas?

  • ¿Qué cuidados médicos o apoyos especiales necesita el hijo?

  • ¿Existe alguna situación que comprometa su seguridad?

Esta lista es una guía práctica para conversar sobre el caso; no constituye una fórmula legal ni garantiza un resultado.

Un buen acuerdo también organiza la vida cotidiana

Las vacaciones importan, pero una organización familiar se pone a prueba en los días comunes: cuando alguien se enferma, una reunión se prolonga o el colegio cambia un horario.

Antes de concretar una propuesta, resulta útil definir:

Entregas y traslados. Horarios, lugares y personas responsables.

Información escolar y médica. Un canal claro para compartir avisos, citas y necesidades.

Fechas especiales. Cumpleaños, vacaciones y celebraciones familiares.

Gastos. Un registro comprensible de necesidades habituales y extraordinarias.

Imprevistos. Cómo comunicar cambios y atender emergencias sin colocar al hijo como intermediario.

Estas previsiones ayudan a convertir una intención general de cooperación en compromisos comprensibles.

¿La custodia compartida elimina la pensión alimentaria?

No debe asumirse que compartir el cuidado elimina automáticamente las obligaciones económicas.

El Código de Familia contempla los gastos de alimentación, guarda, crianza y educación, atendiendo a las capacidades e ingresos de los progenitores. El tiempo de convivencia, por sí solo, no sustituye el análisis económico del caso.

Si existe una obligación alimentaria vigente, una propuesta de custodia compartida no debe tratarse como autorización para dejar de cumplirla. Su eventual modificación requiere la revisión jurídica correspondiente.

Cuando hay riesgos, la protección necesita atención específica

Una propuesta que parece equilibrada en el calendario puede resultar inadecuada en la práctica. Si existen antecedentes de violencia, amenazas, negligencia u otras circunstancias de riesgo, deben ponerse en conocimiento del profesional que examine el caso.

La jurisprudencia consultada destaca que la viabilidad de la custodia compartida depende de las circunstancias particulares y del interés superior de la persona menor de edad.

Antes de acordar, busque claridad

Prepare las resoluciones existentes, la información escolar y médica relevante, los horarios de cuidado y un presupuesto de las necesidades de sus hijos.

El objetivo de una consulta es comprender las opciones y construir una propuesta jurídicamente adecuada y practicable.

Su hijo tiene una sola infancia. Las decisiones sobre su cuidado merecen tiempo, claridad y atención individual.

En SAP Legal brindamos asesoría en Derecho de Familia en Costa Rica, con atención confidencial y bilingüe.

Solicite una consulta confidencial.
WhatsApp: +506 8814 2383
Sitio web: https://www.sap.cr/

Aviso legal: Este artículo es informativo y no constituye asesoría jurídica para un caso concreto. La solución aplicable depende de las circunstancias familiares, la normativa y las resoluciones correspondientes.

Referencias

Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. (1973). Código de Familia (Ley n.º 5476, art. 152, con sus reformas). Sistema Costarricense de Información Jurídica. https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=970&param2=143887&param3=3&param4=5616

Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. (1998). Código de la Niñez y la Adolescencia (Ley n.º 7739, arts. 5 y 105). https://www.mep.go.cr/sites/default/files/media/codigo_ninez_adolescencia.pdf 

martes, 13 de octubre de 2026

Medidas de protección en Costa Rica 2026: cuándo solicitarlas, cómo funcionan y qué hacer si se incumplen

Medidas de protección en Costa Rica: derechos, procedimiento y consecuencias legales en 2026

Las medidas de protección en Costa Rica permiten intervenir judicialmente ante situaciones de violencia doméstica o vicaria. Conocer cuándo proceden, cómo solicitarlas y qué consecuencias pueden tener sobre los hijos, la vivienda y el patrimonio familiar es fundamental para tomar decisiones informadas.

Una amenaza reiterada, una situación de intimidación dentro del hogar o un conflicto familiar que compromete la seguridad de los hijos pueden exigir una respuesta jurídica urgente.

Sin embargo, las consecuencias de una medida de protección pueden ir más allá de una prohibición de acercamiento. Dependiendo de las circunstancias, pueden involucrar la salida del domicilio común, la suspensión provisional de visitas, obligaciones alimentarias y determinadas medidas de protección patrimonial.

En Costa Rica, estos procedimientos se encuentran regulados principalmente por la Ley contra la Violencia Doméstica, N.º 7586, sus reformas y las disposiciones procesales correspondientes.

En SAP Legal consideramos importante distinguir entre la protección inmediata de las personas y la resolución definitiva de los conflictos familiares. Se trata de objetivos jurídicos relacionados, pero diferentes.

¿Qué son las medidas de protección en Costa Rica?

Las medidas de protección son disposiciones judiciales destinadas a proteger la vida, la integridad y la dignidad de las personas ante situaciones de violencia doméstica o vicaria.

Su naturaleza es fundamentalmente preventiva.

Esto significa que su finalidad no consiste en establecer anticipadamente la responsabilidad penal de una persona, sino en responder a una situación que requiere protección.

El artículo 3 de la Ley N.º 7586 establece las medidas que pueden adoptarse según las circunstancias del caso.

Entre las situaciones que pueden justificar su solicitud se encuentran:

  • Agresiones físicas y amenazas contra la integridad personal.

  • Intimidación, hostigamiento y otras manifestaciones de violencia psicológica.

  • Violencia sexual dentro de las relaciones comprendidas por la ley.

  • Violencia patrimonial utilizada como instrumento de agresión.

  • Conductas constitutivas de violencia vicaria.

  • Situaciones de violencia que comprometan la seguridad de niños, niñas, adolescentes, personas adultas mayores o personas con discapacidad.

No obstante, no todo desacuerdo familiar constituye violencia doméstica.

La existencia de un conflicto matrimonial, una discusión sobre bienes o una diferencia relacionada con los hijos no determina, por sí sola, que procedan medidas de protección.

La autoridad judicial debe examinar los hechos expuestos y valorar la pertinencia de las disposiciones solicitadas.

¿Cuáles medidas de protección puede ordenar un juez?

La legislación costarricense contempla distintas medidas para responder a las características concretas de cada situación.

1. Salida del domicilio común

La autoridad judicial puede ordenar que la presunta persona agresora abandone inmediatamente la vivienda compartida.

También puede imponer restricciones de acercamiento.

Esta decisión no implica necesariamente la pérdida del derecho de propiedad sobre el inmueble.

Su propósito es proteger a la persona beneficiaria y atender la situación de violencia identificada.

2. Prohibición de acercamiento e intimidación

El juzgado puede prohibir el acceso al domicilio de la persona protegida, su lugar de trabajo o estudio, así como establecer restricciones de acercamiento.

También puede ordenar que la persona denunciada se abstenga de agredir, perturbar o intimidar a integrantes del grupo familiar.

Las restricciones concretas dependen de lo dispuesto en la resolución judicial.

3. Restricciones relacionadas con armas

El artículo 3 contempla medidas sobre la posesión, portación y decomiso de armas, así como la cancelación de permisos de portación en los supuestos legalmente previstos.

Estas disposiciones adquieren especial importancia cuando existen amenazas o antecedentes de intimidación mediante armas.

4. Protección de hijos menores de edad

Cuando la situación lo justifique, pueden adoptarse medidas provisionales relacionadas con la guarda, crianza, educación y visitas.

La autoridad judicial también puede intervenir para proteger a personas menores de edad expuestas a situaciones de violencia.

Estas decisiones deben analizarse considerando sus necesidades y su interés superior.

5. Obligaciones alimentarias y medidas patrimoniales

La ley permite, en los supuestos correspondientes:

  • Fijar una obligación alimentaria provisional.

  • Ordenar determinados embargos preventivos para respaldar obligaciones alimentarias.

  • Levantar un inventario del menaje de la vivienda.

  • Otorgar el uso exclusivo de determinados bienes domésticos a la persona protegida.

  • Impedir interferencias en el uso de instrumentos de trabajo.

  • Disponer la reparación económica de daños en los términos legales.

Estas medidas no sustituyen automáticamente los procesos ordinarios relacionados con propiedad, bienes gananciales o liquidación patrimonial.

¿Cómo solicitar medidas de protección en Costa Rica?

La solicitud puede presentarse ante el juzgado competente en materia de violencia doméstica.

No se requiere obligatoriamente contratar un abogado para iniciar el procedimiento.

De acuerdo con las reglas prácticas del Poder Judicial, como regla general es competente el despacho correspondiente a la residencia habitual de la persona beneficiaria. En situaciones urgentes en las que resulte imposible acudir al juzgado territorialmente competente, existen mecanismos para presentar la solicitud ante otro despacho judicial.

Paso 1. Describir los hechos

Es importante explicar qué ocurrió, cuándo, dónde, quiénes estuvieron involucrados y por qué existe una necesidad de protección.

Cuando hay antecedentes de violencia, deben comunicarse a la autoridad.

Paso 2. Identificar a las personas afectadas

Debe indicarse si la situación involucra hijos menores de edad, personas adultas mayores u otras personas que requieran protección.

También conviene identificar los lugares donde existe riesgo, como la vivienda, el trabajo o el centro educativo.

Paso 3. Aportar las pruebas disponibles

Pueden resultar relevantes los mensajes, fotografías, informes médicos, comunicaciones electrónicas y testimonios.

No es necesario contar con todos esos elementos para acudir inicialmente a solicitar protección.

Paso 4. Conocer y cumplir las resoluciones

La autoridad judicial valorará la procedencia de las medidas y las condiciones bajo las cuales deben cumplirse.

Es importante conservar las resoluciones y mantener actualizados los medios de contacto y notificación.

Ante peligro inmediato, debe llamarse al 9-1-1.

¿Cuánto duran las medidas de protección en Costa Rica?

El artículo 4 de la Ley contra la Violencia Doméstica establece, como regla general, una duración de un año, sin perjuicio de los mecanismos legales de modificación o levantamiento anticipado.

La fecha a partir de la cual se calcula ese plazo merece particular atención.

En su resolución N.º 367-2026, del 17 de julio de 2026, el Tribunal de Familia adoptó un cambio de criterio jurisprudencial: el plazo anual comienza a computarse desde el otorgamiento judicial de las medidas, y no desde la notificación a la presunta persona agresora.

Dado que las consecuencias procesales dependen de las circunstancias y de las resoluciones aplicables, conviene examinar cada expediente antes de determinar la vigencia de una medida.

Medidas de protección y divorcio: ¿cómo se relacionan?

Una situación de violencia puede presentarse antes, durante o después de la separación de una pareja.

Cuando existe un proceso de divorcio, la solicitud de medidas de protección no reemplaza los procedimientos necesarios para resolver las consecuencias familiares y patrimoniales de la ruptura.

Es posible que deban atenderse simultáneamente cuestiones como:

La seguridad personal. Determinar si procede una intervención inmediata para proteger a una persona.

La responsabilidad parental. Examinar las condiciones de guarda, crianza, visitas y otras responsabilidades respecto de los hijos.

La situación patrimonial. Determinar los derechos sobre bienes inmuebles, cuentas, sociedades mercantiles u otros activos.

Las obligaciones económicas. Analizar las prestaciones alimentarias que correspondan conforme a la normativa.

En los divorcios complejos, resulta especialmente importante evitar que las decisiones adoptadas dentro de un procedimiento generen actuaciones contradictorias en otro.

Una medida de protección tiene un objeto específico y no debe confundirse con una sentencia definitiva de divorcio o liquidación de bienes.

¿Las medidas de protección pueden afectar la custodia o las visitas?

Sí, bajo los supuestos previstos por la ley.

El artículo 3 de la Ley N.º 7586 permite suspender provisionalmente determinadas facultades vinculadas con la guarda, crianza y educación de los hijos, así como las visitas cuando corresponda.

Pero es importante realizar una distinción:

Una suspensión provisional dictada para proteger a una persona menor de edad no equivale automáticamente a la pérdida definitiva de los atributos de la responsabilidad parental.

La determinación definitiva de esos derechos y responsabilidades requiere la aplicación de las normas y procedimientos pertinentes.

Cuando se presentan denuncias de violencia en medio de una controversia por custodia o régimen de interrelación familiar, resulta indispensable examinar tanto los hechos denunciados como las condiciones de seguridad de los niños, niñas y adolescentes.

La protección de las personas menores de edad debe prevalecer sobre cualquier intento de utilizar los procedimientos judiciales como instrumentos de confrontación entre adultos.

Violencia vicaria y medidas de protección: cambios relevantes

La Ley contra la Violencia Vicaria, N.º 10634, de 29 de enero de 2025, incorporó modificaciones a la legislación costarricense.

Estas reformas reconocen jurídicamente situaciones en las que se utiliza el daño ocasionado a terceros, animales o bienes como medio para perjudicar a una mujer, bajo los presupuestos legales correspondientes.

La violencia vicaria puede presentar particular complejidad cuando existen hijos menores de edad involucrados.

Además, la reforma incorporó un supuesto al artículo 158 bis del Código de Familia relacionado con la posible pérdida de los atributos de la responsabilidad parental mediante resolución judicial firme que determine un caso de violencia vicaria.

No obstante, la propia disposición exige valorar la pertinencia de esa consecuencia según las circunstancias, la afectación de la persona menor de edad y su interés superior.

Por tanto, una denuncia de violencia vicaria no implica automáticamente la pérdida de la responsabilidad parental.

Es necesario distinguir entre la solicitud de protección inmediata y las decisiones definitivas que puedan adoptarse mediante los procedimientos correspondientes.

¿Qué sucede con la vivienda y el patrimonio familiar?

Las medidas de protección también pueden producir efectos importantes sobre la organización patrimonial de una familia.

Por ejemplo, una persona puede ser obligada a abandonar temporalmente una vivienda aunque sea propietaria de ella.

Esto no significa que la orden judicial transfiera automáticamente el inmueble a la otra parte.

Igualmente, el juzgado puede ordenar determinadas medidas relacionadas con obligaciones alimentarias, inventarios, menaje doméstico y conservación de bienes, dentro de los límites establecidos por la ley.

En situaciones que involucran patrimonios de alto valor, sociedades propietarias de inmuebles, bienes adquiridos durante el matrimonio o activos familiares complejos, es necesario separar las cuestiones de protección personal de los derechos patrimoniales.

La titularidad de una propiedad, la existencia de una sociedad mercantil o la discusión sobre bienes gananciales no deben confundirse con el objeto preventivo de las medidas de protección.

¿Qué pasa si se incumple una medida de protección?

El incumplimiento de una orden judicial de protección puede generar responsabilidad penal.

El artículo 3 de la Ley N.º 7586 dispone la remisión correspondiente al Ministerio Público cuando se incumplan las medidas en contravención de una orden de la autoridad competente.

Por ejemplo, si existe una prohibición judicial de acercamiento, la persona obligada debe respetar los límites y condiciones establecidos.

Una reconciliación, una conversación privada o el desacuerdo con la resolución no equivalen por sí solos a su levantamiento.

Cuando ocurre un posible incumplimiento es recomendable conservar los elementos disponibles, informar a la autoridad competente y procurar asistencia inmediata si existe peligro.

¿Qué derechos tiene una persona contra quien se solicitan medidas de protección?

El carácter preventivo del procedimiento no elimina las garantías procesales.

La persona contra quien se dictan medidas puede ejercer los mecanismos de defensa previstos legalmente, aportar pruebas, solicitar la audiencia cuando corresponda y utilizar los recursos procedentes.

El artículo 12 de la Ley N.º 7586 contempla supuestos en los que puede celebrarse una audiencia oral para valorar las medidas.

La solicitud de audiencia no supone que las órdenes inicialmente dictadas queden automáticamente suspendidas.

Por esa razón, quien considere injustificada una medida debe utilizar los mecanismos procesales correspondientes y evitar cualquier conducta contraria a las disposiciones judiciales vigentes.

Preguntas frecuentes sobre medidas de protección en Costa Rica

¿Es necesario sufrir una agresión física para solicitarlas?

No. La violencia doméstica también puede manifestarse mediante determinadas conductas psicológicas, sexuales y patrimoniales, así como violencia vicaria en los supuestos reconocidos por la legislación.

¿Pueden solicitarse contra una expareja?

Sí, cuando la relación y los hechos se encuentran comprendidos dentro del ámbito de aplicación de la Ley contra la Violencia Doméstica.

¿Se pueden utilizar mensajes de WhatsApp como prueba?

Sí. Los mensajes y otras comunicaciones electrónicas pueden resultar relevantes y ser valorados judicialmente de acuerdo con las reglas aplicables.

¿Puede solicitar medidas una persona extranjera que reside en Costa Rica?

Sí. La nacionalidad extranjera no impide por sí misma acudir a las autoridades costarricenses para solicitar protección.

¿Es obligatorio tener un abogado?

No para presentar la solicitud inicial. Sin embargo, la asesoría jurídica puede resultar particularmente útil cuando existen procedimientos familiares o patrimoniales relacionados.

¿Puede ordenarse la salida de una vivienda que pertenece a la persona denunciada?

Sí, en los supuestos previstos por la ley. La finalidad de la medida es preventiva y no constituye automáticamente una transferencia de propiedad.

¿Una medida de protección elimina el derecho de visitas?

No necesariamente. La ley permite suspensiones provisionales en los casos que correspondan, pero no deben confundirse con la resolución definitiva del régimen de interrelación familiar.

¿Pueden modificarse o levantarse las medidas?

Sí, mediante los mecanismos y decisiones judiciales legalmente procedentes. No deben considerarse levantadas únicamente por acuerdo privado entre las partes.

¿Las medidas de protección implican antecedentes penales?

Su imposición no constituye por sí sola una condena penal. Otra cuestión es la eventual responsabilidad por hechos delictivos o por incumplir una orden judicial.

¿Qué hacer ante una amenaza inmediata?

Comunicarse al 9-1-1 y procurar asistencia de las autoridades, priorizando la seguridad de las personas afectadas.

La importancia de una estrategia jurídica en asuntos familiares complejos

Las medidas de protección pueden coexistir con procesos de divorcio, controversias sobre responsabilidad parental, obligaciones alimentarias y conflictos relacionados con el patrimonio familiar.

En estas circunstancias, la respuesta jurídica debe considerar no solamente la urgencia de la situación, sino también las consecuencias de cada actuación y su relación con otros procedimientos.

La evaluación individual de los hechos, el cumplimiento de las resoluciones y una adecuada coordinación jurídica permiten abordar estas situaciones de forma responsable.

En asuntos especialmente sensibles, la confidencialidad y el análisis estratégico son fundamentales.

Abogados de Familia en Costa Rica | SAP Legal

En SAP Legal, brindamos asesoría estratégica y confidencial en asuntos complejos de Derecho de Familia en Costa Rica.

Nuestros servicios comprenden divorcios complejos e internacionales, controversias sobre responsabilidad parental, conflictos patrimoniales y procedimientos familiares que requieren una valoración jurídica especializada.

Contamos con profesionales con más de 43 años de experiencia, y ofrecemos atención en español e inglés a clientes nacionales y extranjeros.

Solicite una consulta confidencial.

WhatsApp: +506 8814 2383

Correo electrónico: info@sap.cr

Sitio web: https://www.sap.cr

Google: Abogados de Familia | SAP Legal

Aviso legal: Este contenido es informativo y no constituye asesoría jurídica para un caso concreto. Las medidas aplicables y sus consecuencias requieren una valoración individual de los hechos y la normativa vigente.

.

.

.

#Derecho de Familia, #Violencia Doméstica, #Violencia Vicaria, #Medidas de Protección